Resistencia democrática a los abusos del poder político

La marcha de hoy

La marcha a la Plaza de Mayo que hoy encabezará el ingeniero Juan Carlos Blumberg para reclamar seguridad es un oportuno recordatorio de la importancia de expresar libremente nuestros disensos, siempre y cuando esto se haga respetando el orden público y en forma pacífica.

Negar esa libertad sería cerrar el camino para que la verdad se imponga a partir de la razón y el diálogo.

Hay datos de la realidad que demuestran claramente por qué se ha instalado en una amplia mayoría de la población, en particular entre los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y de muchas de las grandes urbes del interior, una creciente sensación de inseguridad. El aumento de la criminalidad y recientes hechos de violencia que han tenido trascendencia pública explican también por qué las cuestiones de seguridad y justicia se ubican al tope del ranking de las demandas ciudadanas.

La movilización de hoy, entonces, no representa la expresión de una minoría de la sociedad, sino la exteriorización de una sensación colectiva de miedo instalada en buena parte de la población, que requiere respuestas sensatas frente al delito de quienes tienen la obligación inexcusable de brindarlas.

Sin consignas partidarias, la convocatoria de Blumberg es una forma de expresión pública de preocupación frente a la actitud del gobierno nacional respecto de la ola de inseguridad que se abate sobre todos, en especial sobre los sectores más indefensos de la sociedad, como los ancianos y los más humildes.

A su inocultable deserción respecto de su obligación esencial de proveer seguridad a la población y a su actitud selectiva respecto del cumplimiento de las leyes penales, el Gobierno ha sumado algunos mensajes de corte antidemocrático y netamente intimidatorio en procura de boicotear la movilización, con amenazas veladas que resultan inaceptables en una democracia. En ello tiene que incluirse el llamado desde despachos oficiales, en particular el del subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D Elía, para que los piqueteros aliados del Gobierno realicen una "contramarcha" en la misma plaza y a la misma hora. Esa actitud es una muestra más de la prepotencia y el desapego al respeto de la libre expresión exhibida por el ex piquetero y ahora funcionario kirchnerista, quien se ha constituido en una verdadera e inaceptable fuerza de choque.

Esas amenazas irresponsables estimulan la violencia y pueden derivar en enfrentamientos callejeros. Pero el objetivo de crear miedo y desalentar a quienes hoy proyectan asistir a la marcha debiera terminar provocando un efecto contrario y reafirmar, en quienes están cansados de vivir con miedo, la decisión de concurrir a la Plaza de Mayo, como demostración de lo que se ha dado en llamar una incipiente resistencia democrática a los abusos del poder político, cada vez más concentrado.

La movilización coincidirá con la presentación al ministro de Justicia, Alberto Iribarne, del permisivo proyecto de reforma del Código Penal, que un mes atrás el propio funcionario había dicho que no era una prioridad para el Gobierno. Influido por teorías abolicionistas del derecho penal, el conjunto de reformas -elaborado por una comisión de juristas- contempla la eliminación de penas por tenencia de drogas, deja de lado el agravamiento de penas por reincidencia, elimina la cadena perpetua y se limita la aplicación del Código Penal a los mayores de 18 años, entre otras. Más allá de procurar adecuar la legislación a las nuevas necesidades, no se trata de redactar nuevas reformas o leyes, sino de hacer cumplir las ya existentes.
La concentración convocada por Blumberg no debería causar demasiadas molestias a la población. Muy lejos de las conocidas actitudes amenazadoras, intimidatorias o prepotentes a las que nos tienen acostumbrados otras agrupaciones, ésta será -seguramente- una expresión de protesta pacífica y respetuosa, desde el momento en que sus organizadores han solicitado a los concurrentes que solamente porten velas encendidas.

El disenso es un derecho de todos, aun de las minorías, y debe ser respetado como tal. No siempre las mayorías asumen posiciones correctas o justas, o son capaces de identificar por sí mismas las mejores opciones para la sociedad en su conjunto. En rigor, las tiranías de las presuntas mayorías pueden amenazar las libertades individuales esenciales tanto como los dictadores. Así, la libertad de opinión y la de expresión tienen que ver con la propia dignidad humana, pues una persona amordazada es una persona sometida, que deja de poder actuar como tal.

Cada vez que se intenta cercenar nuestra libertad de expresar ideas, credos, preocupaciones u opiniones, en rigor se pretende silenciar no sólo nuestras voces, sino también nuestras conciencias, lo cual equivale a tratar de sojuzgarnos, cuando no de esclavizarnos.

Es de esperar que la movilización transcurra en orden y en paz, y que los reclamos frente a la inseguridad sean escuchados por las autoridades responsables de formular y poner en práctica las medidas necesarias para evitar que la delincuencia continúe creciendo.