En el mismo momento en que el mundo se hace más complejo, más global y más dependiente de la tecnología y de la calidad de vida, la dirigencia política, atraviesa una profunda crisis de confianza, cuestionada tanto en su capacidad para resolver los problemas cotidianos como de expresar y representar adecuadamente las demandas de la sociedad.
Un informe de Transparencia Internacional sobre los índices de corrupción mundial que ubica al país en el puesto 109 de 180, señala el problema de la distribución de la publicidad, mientras que la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina alertó sobre la conflictiva relación con la prensa, llamó a la tolerancia y convocó a proteger la diversidad de medios.
Ya se había desencadenado el conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario, agobiado por una incesante presión tributaria que estalló con la imposición de retenciones móviles a las exportaciones de granos cuando el gobierno instrumentó campañas de desprestigio contra medios, periodistas y representantes de otros sectores económicos y políticos del país.
Se vivieron momentos de suma tensión cuando cualquier información publicada en diarios o difundidas en los medios electrónicos recibían la calificación oficial de formar parte de operativos desestabilizadores o conspirativos.
La cuestión comenzó a revertirse el 17 de junio, cuando el Poder Ejecutivo decidió elevar al Congreso la aprobación de la polémica resolución 125 sobre retenciones móviles al sector rural. Y tuvo su resolución casi un mes después, luego de que un empate en el Senado fuera votado en contra por el vicepresidente de la República, Julio Cobos.
Un día antes dos actos simultáneos del gobierno y el campo habían marcado el pico de la tensión y dejado al país al borde una situación de no retorno.
El Senado de la Nación dio una lección de civismo, que debe considerarse como una inyección de democracia representativa a un debilitado cuerpo institucional. Fue un punto de inflexión para replantear una gestión de gobierno que ignoró el consenso y fustigó a quienes no compartían la opinión oficial, hasta considerarlos enemigos.
Esta falta de diálogo también fue señalada como el factor principal de la fragmentación social en Argentina por los corresponsales extranjeros y por la Iglesia Católica. Los editoriales de casi todos los diarios del mundo coincidieron en que esa crisis había sumido al país en un pozo profundo.
Este abuso para imponer los criterios del gobierno fue lo que llevó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ricardo Lorenzetti, a expresar que el debate es el pulmón de la sociedad y son imprescindibles para que los mismos sean cada vez más robustos y expresen su diversidad. Criticó el pensamiento único y alertó sobre la gravedad de la situación similar en toda América Latina.
Así lo entendió también el gobierno, que desde ese momento produjo un ajuste de funcionarios y un notorio cambio de rumbo en el vínculo con los medios, como vehículo para establecer un nuevo contacto con la gente.
Aparecieron luego de muchos años las conferencias de prensa. Nunca la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni su antecesor, Néstor Kirchner, habían ofrecido una conferencia de prensa, y esta vez se reabrieron los salones de la residencia presidencial, para recibir a los periodistas con agenda abierta.
Fueron más de 2 horas y media que la presidenta respondió a los periodistas de los medios más importantes del país y a los corresponsales extranjeros. No hubo posibilidad de repregunta, pero el gesto fue bien recibido por la ciudadanía.
El Jefe de Gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, valoró el rol del los medios y enfatizó que este gobierno hará de la libertad de expresión un valor fundamental y prometió estrechar vínculos de diálogo y de trabajo con la prensa. Lo más importante es crear sinceridad y credibilidad entre el gobierno y los medios aunque no estemos de acuerdo, dijo el funcionario durante una reunión en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.
El conflicto había generado una violencia verbal que constituyó un ataque no sólo a la prensa sino también a la ciudadanía. Los principales blancos de esta embestida fueron el Grupo Clarín, y el diario La Nación. Con el primero de ellos el enfrentamiento fue más radicalizado y contempló banderas en los actos públicos -tomados en primer plano por la televisión oficial- con inscripciones de "Clarín miente" o "Todo Negativo", en referencia a la cadena informativa Todo Noticias perteneciente al Grupo Clarín. Lo mismo ocurrió con la revista Noticias y el grupo Prisa de España. También en ataques verbales de dirigentes como el polémico Luis D´ Elía y expresiones intimidantes provenientes del ex presidente Kirchner.
También la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, remarcaron el déficit en materia de democracia y pluralismo.
En abril de este año la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional declaró que los jueces -es decir ellos mismos- son poco proclives a investigar al poder político. El juez Recondo fue más allá: dijo que sólo jueces superhéroes o con una valentía extraordinaria asumirían el desafío de investigar a un funcionario. Y agregó que el gobierno es el único responsable por esa situación.
Otro punto de importancia en la relación entre el gobierno y los medios es la distribución de la publicidad oficial. Tomando en cuenta sólo el presupuesto del gobierno nacional y sin considerar al de otros organismos públicos descentralizados y a las provincias, en el 2007 la inversión fue de un 55 por ciento más que el año anterior. Y en lo que va del 2008, el conflicto con el campo hizo aumentar el presupuesto en un 48 por ciento. En un reciente seminario realizado en la Cámara de Diputados de la Nación, se criticó la falta de interés del gobierno en tratar los proyectos que reglamenten la distribución de los gastos en publicidad. Laura Alonso de la Fundación Poder Ciudadano, analizó el apoyo oficial que recibe el empresario Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner y uno de los inversores más importantes en medios de comunicación. La misma crítica efectuó Eleonora Rabinovich de la Asociación de Derechos Civiles.
Diputados opositores mencionaron que en los últimos cuatro años la publicidad oficial creció de 46 a 322 millones de pesos. También consideraron que no se puede hablar de la modificación a la ley de Radiodifusión, sino se trata la del libre acceso a la información pública, la despenalización por injurias y calumnias y la creación de un marco legal para fijar pautas que eviten la discrecionalidad oficial en la distribución del gasto publicitario.
En este período también se produjo el anuncio oficial que el gobierno estudia una modificación a la ley de Radiodifusión. No puede ser negada la necesidad de actualizar el marco legal para la operación de frecuencias públicas por parte de emisoras privadas, que data de los años de la dictadura militar.
Cuando aún se mantienen algunos recelos de aquel conflicto entre el gobierno y los medios, se trata de un momento delicado para enfrentar un debate tan importante como el de establecer nuevas pautas para radio y televisión. La relación tensa con los medios se manifestó cuando el Comité Federal de Radiodifusión adopto una polémica resolución contra radio Continental, del Grupo Prisa, de España, prohibiéndole retransmitir su programación de amplitud modulada (AM), por otra señal de frecuencia modulada (FM).
El gobierno propuso la creación de un “Observatorio de Medios” para seguir el desempeño de publicaciones y emisiones.
Montado sobre una estructura pública encabezada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), este observatorio constituiría un riesgo y una intimidación a las informaciones que no encuadren con la visión oficial. Finalmente, la propuesta fue archivada tras un arduo debate público erigido por los medios.
Un saludable fallo de la Corte Suprema de Justicia terminó de consagrar al tope de la escala jurídica la doctrina de la real malicia. Este criterio considera que cualquier persona que emita una opinión o una información, luego considerados erróneos, debe haberlo hecho como una acción dolosa para ser considerada punible. Al haber sido avalado por el máximo tribunal de Justicia de la Nación en la causa "Patitó contra Diario La Nación”, fija una jurisprudencia ineludible para todos los jueces del país.
Otros hechos relevantes en este período:
En Entre Ríos donde sesiona la convención constituyente para modificar la Constitución de esa provincia, se aprobó el derecho de réplica con el siguiente texto:
“Toda persona afectada en su honra o reputación por informaciones maliciosas, inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio, a través de un medio de comunicación de cualquier especie, tiene derecho a obtener la rectificación o respuesta por el mismo modo. La mera crítica no está sujeta a derecho de réplica. La ley reglamentará el ejercicio del derecho previsto en la presente disposición”.
En la constitución ya se aprobó el derecho de réplica.
El clima de intolerancia suma la agresión sufrida el 20 de mayo por el fotógrafo León Szajman, de la Revista Caras, con destrucción de su equipo de trabajo.
En Lobos, provincia de Buenos Aires, se agravó el conflicto del municipio con el diario La Palabra, por no aceptar la línea editorial. El castigo es económico, ya que hace más de un año y medio que ese medio no recibe publicidad oficial, a la vez que el gobierno comunal le inició un juicio penal por publicar declaraciones críticas de terceros.
También en Buenos Aires, el periódico Mi Ciudad, de Florencio Varela, sostuvo una acción judicial contra el municipio, debido a la negativa para acceder a la información pública.
Otro caso afectó al suplemento deportivo del diario La Voz de Colón, en Buenos Aires. La dirigencia de un club impidió desarrollar la labor periodística, en zona de vestuarios y campo de juego e instó a simpatizantes y jugadores a agredir verbalmente a los cronistas de esa publicación.
En Neuquén, el Tribunal Criminal Oral Federal limitó la cobertura periodística en las audiencias donde fueron juzgadas personales involucradas en delitos de lesa humanidad. Los fotógrafos del diario Río Negro, Leonardo Patricio y Cecilia Maletti, fueron amenazados telefónicamente por sus tomas en el juicio oral y público.
En San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el director del semanario Síntesis, César Ríos, tiene serios obstáculos por maniobras políticas destinadas a amedrentarlo y desprestigiarlo.
En agosto en la ciudad de Azul, Buenos Aires, el periodista Mariano Grondona, fue hostigado a la salida de una disertación, por grupos de militantes de entidades de izquierda.
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