Intersección de poderes

De Adrián Ventura:

El fiscal Carlos Stornelli se equivocó cuando le avisó al Gobierno que imputaría a Fulvio Madaro y a Néstor Ulloa: si creía que la causa tenía trascendencia institucional, debió seguir el procedimiento que fijan las normas y comunicárselo al procurador general, Esteban Righi; si creía que no la tenía, no debió anticiparle ese dato al ministro del Interior, Aníbal Fernández.

Se resquebrajó la ética y la imparcialidad que requieren su cargo cuando trascendió que negociaba un puesto en el eventual gobierno bonaerense de Daniel Scioli. Quizá esto no sea cierto y Stornelli haya sido víctima de una maniobra oficial. Pero debió advertir que su situación se había vuelto riesgosa. Es la diligencia mínima requerible a un fiscal avezado.

Imaginemos un caso -no es lo que ocurre en la causa Skanska- en el que se investigue al presidente de la Nación o un atentado terrorista. Podría poner en crisis la gobernabilidad.

En tales circunstancias extremas, los procedimientos internos del Ministerio Público requieren que el fiscal de la causa comunique el hecho al procurador general, que es el funcionario embestido por la ley para mantener el nexo con los otros poderes. Será éste quien evalúe, con criterios políticos y jurídicos, los pasos por seguir. Está claro que la indagatoria de Madaro y Ulloa no reviste tal gravedad.

Lo resaltado en rojo, ¿es una información comprobada, una suposición, o una expresión de deseo?

Es cierto que en los tribunales se suele anticipar al Gobierno que se imputará o procesará a algunos de sus hombres. Pero esa habitualidad, que da lugar a una perniciosa familiaridad, no convierte a la práctica en correcta. Anticipar tal información, siquiera unas horas, puede alcanzar para que un gobierno borre pruebas, saque del país a uno de sus hombres o encuentre una excusa creíble.

No habrá pruebas porque no hay división de poderes.